Esta semana se ha vuelto a evidenciar el gran desconocimiento que rodea el sector del juego online en nuestro país. Sorprendentemente, se ha debatido en el Senado una moción presentada por Junts per Catalunya en 2020 en la que se instaba al Gobierno de España a prohibir la publicidad de juego y apuestas en horario infantil, a prohibir los incentivos y los bonos y a no incorporar a personajes famosos en la publicidad.
Resulta extraño comprender cómo se llegó a aceptar que se debatiese la moción cuando la mayoría de estas restricciones están vigentes desde 2019, cuando el propio sector modificó su código de conducta y limitó su publicidad, prohibiendo la aparición de deportistas y de bonos en las retransmisiones de partidos en directo. Es más, hace más de un año entró en vigor el Real Decreto 958/2020 de Comunicaciones Comerciales de las actividades del juego. La norma prohíbe la publicidad audiovisual fuera del horario de 1.00 h. a 5.00 h. de la madrugada e impide a los operadores la emisión de bonos de captación de jugadores o los patrocinios a clubes deportivos, entre otras medidas.
Por todo esto, supusimos que se trataba de un error, pero finalmente la defensa de la moción tuvo lugar en sede parlamentaria. Era un debate sobre el que no había debate. Un debate ya concluido. Y de esto, afortunadamente, se dieron cuenta sus señorías, que retiraron de inmediato algunos de los puntos de la intervención.
Esta situación dantesca demuestra una vez más el desconocimiento que hay sobre nuestro sector, no solo por parte de la sociedad civil, sino también de los propios representantes públicos. A pesar de que algunos de los puntos de intervención fueron eliminados antes del inicio de la sesión en el Senado, algún senador, quizás algo confundido, mencionó que durante las últimas fechas había visto anuncios de juego en el descanso de un partido. Curioso.
Demonizar una actividad económica, ya de por sí hiperregulada y tremendamente controlada, es una responsabilidad que puede conllevar consecuencias nefastas. España es cada vez un país menos atractivo para los operadores legales, que ven truncados sus deseos de seguir desarrollando su negocio. Un negocio -el cuarto sector del comercio electrónico en nuestro país- que contribuyó con 163 millones a las arcas del Estado en 2021, que genera empleo e innovación, que vertebra territorios como Ceuta y Melilla y, lo más importante, que cumple la normativa vigente. Un negocio, cuyo producto es una forma de ocio que la inmensa mayoría de sus usuarios en España practica de forma totalmente responsable y controlada sin suponer un peligro para la salud pública.
Pedimos al Gobierno que evalúe los resultados del Real Decreto de Publicidad del Juego, que analice si esta regulación ha cumplido sus objetivos, si ha reducido la ludopatía en nuestro país o si bien, por el contrario, ha hecho aumentar el juego ilegal y dejando desprotegidos a los colectivos más vulnerables.
La protección a los públicos vulnerables es la máxima preocupación del sector. El sector del juego no ha dejado de innovar y de implementar medidas para su protección. Desde los controles de acceso a las políticas activas de información y protección, pasando por el control de los participantes autoexcluidos. Y esto, en colaboración estrecha con la Dirección General de Ordenación de Juego, que pondrá en marcha un nuevo Real Decreto para desarrollar entornos más seguros de juego a lo largo del año, que esperamos -esta vez sí- sus señorías lean y estudien.
